LILIANA MONTES
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impuesto una multa de 320.000 euros al Reggaeton Beach Festival (RBF) por considerar que la organización aplicó diversas cláusulas abusivas que vulneraban los derechos de los consumidores. La sanción, que llega tras una denuncia presentada por Facua-Consumidores en Acción, obliga además a la promotora a eliminar las condiciones consideradas contrarias a la normativa de protección de los usuarios.
Entre las prácticas sancionadas figura la prohibición de acceder al recinto con comida y bebida adquiridas en el exterior, una medida que, según Consumo, restringía de forma injustificada los derechos de los asistentes. El Ministerio también cuestiona que la organización se reservara el derecho a registrar a los asistentes antes de acceder al festival.
Otro de los aspectos que ha motivado la sanción es la política de «reacceso» aplicada durante el evento. Los asistentes que deseaban salir temporalmente del recinto y volver a entrar debían abonar un importe adicional, una condición que el departamento dirigido por Pablo Bustinduy considera igualmente abusiva al imponer un coste extra al margen del precio de la entrada.
La resolución también pone el foco en el sistema de pulseras cashless, utilizado para realizar los pagos dentro del recinto. Según el Ministerio, la promotora estableció un plazo limitado para solicitar la devolución del dinero sobrante, además de cobrar gastos de gestión por efectuar ese reembolso. A ello se sumaba la decisión de no devolver los saldos inferiores a dos euros, una práctica que Consumo entiende que perjudicaba directamente a los consumidores.
Asimismo, el expediente sancionador considera improcedente la aplicación de gastos de gestión en la venta de entradas cuando estos no se correspondían con un servicio real prestado al comprador, incrementando el precio final de manera injustificada.
Junto a la resolución, el Ministerio ha recordado una serie de recomendaciones para quienes adquieran entradas para festivales musicales. Entre ellas, insiste en que el precio anunciado debe ser siempre el precio final, incluyendo desde el primer momento todos los costes asociados a la compra. Además, recuerda que los gastos de gestión solo pueden cobrarse cuando responden a un servicio efectivo y que los organizadores de festivales deben garantizar el acceso gratuito al agua del grifo durante la celebración de los eventos.
La sanción se enmarca en la estrategia de Consumo para reforzar la protección de los asistentes a grandes eventos y garantizar que las condiciones de acceso, permanencia y compra respeten la legislación vigente en materia de derechos de los consumidores.
