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España se retira de Eurovisión 2026 tras la decisión de la UER de mantener a Israel en el concurso

FERNANDO J. LUMBRERAS

La Asamblea General de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), reunida este jueves 4 de diciembre en Ginebra, ha despejado la gran incógnita que marcaba la antesala de Eurovisión 2026: Israel participará en la próxima edición del festival, que se celebrará en Viena con semifinales los días 12 y 14 de mayo y final el 16 de mayo. La decisión activa de inmediato la consecuencia anunciada por RTVE desde septiembre: España no estará en el certamen.

La UER evitó votar explícitamente sobre la expulsión de la radiotelevisión israelí KAN y, en su lugar, sometió a consideración un paquete de nuevas medidas destinadas a evitar injerencias políticas y mejorar la transparencia del concurso. Dichas medidas fueron aprobadas por amplia mayoría: 738 votos a favor, 264 en contra y 120 abstenciones, sobre un total de 1122 delegados, incluidos los 24 representantes españoles.

Entre los países favorables a la expulsión de Israel se encontraban España, Países Bajos, Eslovenia, Irlanda e Islandia, que habían advertido de su retirada si el país hebreo seguía en el festival. En el lado opuesto, Alemania había amenazado con no acudir si Israel era excluido, mientras Austria, anfitriona de la edición 2026, expresó abiertamente su apoyo a la presencia israelí. La Asamblea General, compuesta por 68 emisoras con derecho a voto de 56 países, decidió no avanzar hacia ninguna expulsión tras validar el nuevo reglamento.

Las normas aprobadas incluyen límites más estrictos al voto por métodos de pago —que pasa de 20 a 10 votos por persona—, la recuperación del jurado en las semifinales con un peso del 50% en el resultado y un refuerzo de los mecanismos de detección de votaciones fraudulentas o coordinadas. No obstante, la UER no ha detallado qué definirá exactamente como “voto fraudulento” ni las sanciones asociadas. También se incorporó un apartado genérico que penaliza las injerencias políticas de los países participantes, aunque sin clarificar qué comportamientos serían objeto de sanción.

Esta falta de concreción ha alimentado el debate, puesto que la controversia sobre Israel trasciende el reglamento: para numerosos miembros, la participación del país se ha convertido en un asunto geopolítico tras la ofensiva militar en Gaza y las acusaciones de interferencia directa del Gobierno israelí en ediciones recientes del festival, algo que choca con el carácter apolítico que defiende la UER.

Durante la asamblea, se pidió a los delegados valorar si las nuevas medidas respondían a sus inquietudes. Al considerar que el paquete normativo era suficiente para mantener el concurso bajo control, la UER evitó finalmente una votación específica sobre la participación israelí.

RTVE confirma la retirada: España no competirá ni retransmitirá Eurovisión 2026

España, que había advertido de su postura desde el mes de septiembre, abandona así oficialmente Eurovisión 2026. RTVE no solo renuncia a competir, sino que tampoco emitirá las semifinales ni la final. Irlanda y Países Bajos, a través de RTÉ y AVROTROS, también han anunciado que no participarán ni retransmitirán el festival.

En un comunicado, RTVE explicó su intervención en la asamblea: el secretario general, Alfonso Morales, reconoció el esfuerzo de la UER por reforzar la transparencia, pero advirtió que estas medidas “son insuficientes”. Morales expresó “serias dudas sobre la participación de la televisión israelí KAN”, subrayando que la situación en Gaza —pese al alto el fuego y al proceso de paz en curso— y la utilización del certamen para objetivos políticos “dificultan cada vez más mantener Eurovisión como un evento cultural neutral”.

Con la retirada de tres delegaciones históricas y una profunda división entre los países miembros, Eurovisión 2026 arranca envuelto en una de las mayores polémicas de su historia reciente. Mientras Austria avanza en los preparativos de la edición, el festival afronta el reto de recuperar la confianza de emisoras y espectadores en un contexto marcado por tensiones políticas, dudas sobre la integridad del voto y un debate abierto sobre los límites del carácter apolítico que siempre ha reivindicado.

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